Telefónica de España y su cuestionado modelo de Responsabilidad Social Corporativa
Por un lado, precariedad laboral y despidos “LOW-COST” a empleados con bajas médicas; por otro lado, incrementos desorbitados a los altos directivos, y contrataciones a ex personalidades del ámbito político investigadas por supuesta estafa y malversación de fondos públicos.
Precarización del empleo
El informe
denuncia, en primer lugar, la precariedad
de las condiciones laborales del personal técnico subcontratado (quienes hacen
posible que se lleve a cabo la actividad principal de la compañía).
Mediante sucesivos expedientes de regulación de empleo (EREs), la empresa ha ido
desvinculando desde su privatización en los años 90 a más de 50.000
trabajadores, que han sido reemplazados por personal tercerizado a través de
una amplia red de empresas contratadas y subcontratadas. El resultado: trabajo a
destajo, contratos basura, remuneraciones arbitrarias y paupérrimas, descansos
y vacaciones no regulados, condiciones precarias de seguridad, la
lista es larga. De acuerdo con la iniciativa Pacto Mundial, las empresas
deberían velar por que los derechos laborales se cumplieran en toda la cadena
de suministros, pero en Telefónica esto no ocurre. Y lo especialmente grave es
que, a la vez que se precarizan las condiciones laborales de los empleados
técnicos (que ganan la tercera parte de lo que gana un técnico de plantilla), las
remuneraciones de los altos directivos y los dividendos a los accionistas se multiplican: los ingresos del actual Presidente
de Telefónica de España, César Alierta, se han triplicado en los últimos años: pasando de €2,3 millones en 2002 a €7,4 millones en 2012 (en 2010 llegó a
cuadruplicarlo, alcanzando los €8,6 millones). César Alierta gana 500 VECES MÁS que un técnico subcontratado.
Contratación de personas investigadas por supuesta estafa y malversación de fondos públicos
RSCivil
cuestiona también en su informe la contratación por parte de Telefónica de ex personalidades
del ámbito político investigadas por la Justicia , entre otros cargos, por fraude
y malversación
de fondos públicos. Según Naciones Unidas, las empresas deben
trabajar contra la corrupción en todas sus formas, y contratar a Rodrigo Rato y renovar la contratación Iñaqui Urdangarín (quien finalmente renunció y cobró una indemnización millonaria)
van claramente en sentido contrario. Recordemos que en 2011, siendo Rodrigo
Rato presidente de Bankia, la entidad anunció un beneficio de €309 millones;
sin embargo, después de la renuncia de Rato, las cuentas de Bankia del citado
año fueron reformuladas arrojando unas pérdidas de casi €3.000 millones. RSCivil considera esta
contratación un agravio a la sociedad española especialmente por la supuesta
vinculación del Sr. Rato con el hundimiento de Bankia y la presunta estafa de
las preferentes. Como dato adicional, Rodrigo Rato fue antiguamente
ministro del gobierno y participó en la privatización de Telefónica en los años
noventa, dato que es percibido por la opinión pública como un caso más de “puerta
giratoria” (como se denomina comúnmente a la práctica de pasar del gobierno
a empresas privatizadas).
Despidos por bajas médicas
No siendo
suficiente con los EREs, Telefónica de España ha ejecutado despidos a
trabajadores de plantilla argumentando en la carta de despido: “las reiteradas ausencias aun
justificadas (bajas médicas) a
su puesto de trabajo hacen que su prestación de servicios no resulte rentable”.
Las últimas
reformas a la legislación laboral española permiten que, quien vea disminuido
su nivel de productividad por no gozar de buena salud, pueda ser despedido con
una indemnización mínima (despido objetivo). Ni siquiera son necesarias instancias previas, como
establecer un tribunal médico si se sospecha de fraude en las bajas. Tanto Naciones Unidas como la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) establecen
que “la
ausencia temporal del trabajo por motivo de enfermedad o lesión no deberá
constituir una causa de terminación de la relación de trabajo” con el fin de garantizar el ejercicio del
derecho fundamental a la protección de la salud frente a represalias por parte
del empleador.
En marzo de
2013 se presentó una reclamación ante la
OIT contra este artículo de la reforma laboral y se está a la
espera de una resolución. Mientras tanto, los despidos por bajas médicas se
siguen produciendo, incluso en empresas con beneficios millonarios (el año
anterior a los despidos, Telefónica obtuvo beneficios récord de €10.072 millones).
Pero lo más agraviante según el informe es que Telefónica, a la vez que ha pretendido
realizar despidos “baratos” a empleados que enferman, blinda indemnizaciones
millonarias a sus altos directivos: el ex consejero delegado de
Telefónica, Julio Linares,dimitió y cobró 24,7 millones; el blindaje del presidente de
Telefónica, CésarAlierta, es de 27,6 millones
de euros en caso de destituirle. Existen en la organización diez
beneficiarios de cláusulas de blindaje, autorizadas por el Consejo de
Administración.
RSCivil
considera que en los casos de despidos por bajas médicas justificadas, se incumplen
los tres pilares rectores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: el
deber estatal de proteger los Derechos Humanos, la obligación
empresarial de respetarlos y la promoción de mecanismos para reparar
las violaciones de los mismos. Telefónica está lejos de reparar el
daño. Parte de la plantilla e importantes activistas sociales como TeresaForcades y Arcadi Oliveres apoyan la plataforma por la readmisión
de los trabajadores despedidos por aplicación del artículo 52d y claman por la
eliminación de este polémico artículo de la legislación laboral española (lee nuestra
opinión sobre el artículo 52d).
La responsabilidad de los ciudadanos como consumidores
El objetivo
del colectivo RSCivil es “que la Responsabilidad Social
Corporativa deje de ser una mera declaración de buenas intenciones para que se
convierta en una herramienta de reconocimiento público capaz de repercutir en
las decisiones de los ciudadanos como consumidores” y cuestionan el hecho de que una
empresa que realiza estas prácticas pueda ostentar el logo del Pacto Mundial de
Naciones Unidas. Por su parte, la oficina del Pacto Mundial ha intentado propiciar una respuesta por parte de la empresa
pero, paradójicamente, el gigante experto de las telecomunicaciones permanece en silencio.
¿Qué podemos hacer como consumidores?
Las herramientas con las que contamos son 1) Tomar conciencia y difundir. Da a conocer el caso a la mayor
cantidad de gente posible,
puedes compartir esta
página en las redes sociales, comentarlo y debatirlo con tus relaciones: amigos, familiares,
compañeros de trabajo, etc. 2) Actuar. Tanto si
eres cliente o usuario de Telefónia Movistar como si no lo eres, hazle saber a la
compañía que no crees en sus informes de Responsabilidad Social Corporativa ni
en su código ético firmando esta carta que recibirá el Sr. Alberto Andreu (Director
Global de Reputación y Responsabilidad Corporativas).
Lee también:
Brecha Social
El artículo 52d
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